El 11 de mayo, la Administración Biden dará fin a la emergencia sanitaria nacional del COVID-19.
En vísperas de la cancelación oficial de la emergencia nacional de salud pública por la pandemia del coronavirus, la administración Biden se enfoca en garantizar que la comunidad latina y otras poblaciones desatendidas no se queden atrás y sigan gozando del mismo acceso a vacunas y otros servicios.
Como se sabe, la pandemia afectó desproporcionadamente a la comunidad latina y a otras comunidades de color.
Durante un reciente foro en la Casa Blanca con miembros de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y patrocinado por Latino Magazine, el secretario federal de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) Xavier Becerra enfatizó que la administración continuará garantizando el acceso a vacunas, pruebas y tratamientos incluso después de levantada la declaración de emergencia.
“No hay ni siquiera un ser humano en este país que haya pagado un centavo por esa vacuna”, dijo Becerra. Agregó que la administración Biden trabajará con clínicas de salud comunitarias para proporcionar vacunas y otros servicios a los grupos que carecen de seguro médico y a los de bajos ingresos.
Angela Ramírez, jefa adjunta de personal del HHS, describió cómo apoyan el presidente Biden y el secretario Becerra a la comunidad latina.
“Cuando consideran a nuestra comunidad, ellos quieren que no solamente sobreviva, sino también que prospere. Nuestra visión en HHS es hacer que este país pase de un sistema de atención de enfermedades a un sistema de bienestar. Queremos construir una sociedad donde la equidad y el acceso son los factores más importantes a la hora de tomar decisiones sobre atención médica y servicios humanos”, dijo Ramírez.
“En la actualidad, hay más estadounidenses con acceso a la atención médica que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país. Sin embargo, 26 millones de estadounidenses tienen un dominio limitado del inglés y enfrentan problemas para acceder a los servicios humanos y de salud. En consecuencia sufren de mala salud.
El secretario Becerra ha determinado que el acceso al lenguaje y la atención culturalmente apropiada son prioridades importantes para nuestro departamento. Esto incluye el establecimiento de un comité directivo encargado del acceso al lenguaje en el Departamento encargado de mejorar el acceso a los programas gubernamentales”.
Aunque los grupos comunitarios latinos afirman que todo está bien, existen ya problemas de comunicación y peor aún, una escasez de latinos y latinas en las profesiones de la salud, necesarios para ayudar a esta población, que es la de más rápido crecimiento en todo el país. Simplemente no hay suficientes personas con capacidad de sensibilidad cultural y dominio del idioma.
Primero vino el anuncio de que el Presidente Biden, presionado por los republicanos, levantaría la emergencia nacional por el coronavirus. El anuncio llegó mucho antes de lo que cualquiera hubiera anticipado, de hecho, un mes antes.
El significado de esta medida es que los residentes de varios estados perderán el acceso a vacunas gratuitas. Recientemente, uno de los fabricantes de vacunas anunció que su precio al público será de centenares de dólares por dosis. Lo mismo sucederá con otros servicios. Por esa razón, la administración Biden hizo hincapié en que está trabajando con grupos comunitarios para asegurar el mismo acceso que regía hasta ahora.
En California los latinos tienen más suerte. El gobernador Gavin Newsom extendió el requisito federal por seis meses. Los beneficios para los residentes del Estado Dorado seguirán vigentes hasta noviembre. ¿Pero qué pasará después?
Una de las cláusulas más importantes que desaparecerá es la que requiere a los estados mantener la inscripción continua en Medicaid (llamado MediCal en California).
Esto significa que hasta 14 millones de personas de bajos ingresos podrían perder la cobertura de Medicaid. Los estados pueden requerir exenciones. Otros, como dijo el secretario Becerra, están trabajando con el gobierno federal y organizaciones comunitarias para asegurar que nadie se quede afuera.
Pero aquí hay un problema. Algunos residentes podrían haberse mudado sin actualizar su domicilio, porque desconocen que necesitan hacerlo si quieren mantener su cobertura de Medicaid después del 11 de mayo. Hay otros, como mencionó Angela Ramírez, que tienen un dominio limitado del inglés. No saben a quién acudir para pedir ayuda, y no hay suficientes latinos y latinas en profesiones médicas que ayuden a la población de más rápido crecimiento del país, ni en California ni en ningún otro estado.
Menos del 10% de todos los empleados de la salud en Estados Unidos son latinos. De ellos, menos aún son médicos, enfermeras o profesionales en otras áreas.
Este es un problema de falta de equidad en la salud, dice la Dra. Elena Ríos, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Médica Nacional Hispana (National Hispanic Medical Association, NHMA), que representa los intereses de 50,000 profesionales latinos y latinas de la salud. Ríos fundó la NHMA en 1994, precisamente para ayudar a derribar estas barreras y para hacer que la atención médica sea más accesible y equitativa.
“Todo el tema de la disparidad, la falta de equidad, no es un problema que sufre la gente. Es el sistema el que lo hace así. (Durante COVID) sabíamos que debíamos hacer un mejor trabajo para ayudar a las comunidades desatendidas. Necesitamos más médicos, enfermeras, dentistas u otros profesionales de la salud latinos y latinas. No es que un grupo tenga más que otro. Todos tienen la oportunidad de estar en puestos de toma de decisión (en el ámbito de la salud). De esa manera podemos esperar ayudar a cambiar la situación y tener equidad en la salud”.
¿Qué viene después? Simultáneamente al fin de la emergencia de salud pública, se levantarán varias restricciones migratorias en la frontera entre Estados Unidos y México. La más importante de ellas es el llamado Título 42, un edicto de la era del expresidente Trump que permite a la administración Biden deportar rápidamente a migrantes y solicitantes de asilo sin otorgarles una audiencia o cualquier otro tipo de procesamiento.
El entonces presidente Trump afirmó que había establecido la práctica con el objeto de detener la propagación del coronavirus, aunque no había evidencia de que el virus se propagara a EE.UU. desde México. Esa regla se ha utilizado casi tres millones de veces y se ha criticado a la actual Casa Blanca por mantenerla en vigencia. Y aunque el Título 42 dejará de aplicarse, la administración anunció recientemente que implementará medidas aún más estrictas, como la prohibición de reingresar al país durante cinco años para quienes fueran aprehendidos cruzando ilegalmente la frontera. Este anuncio despertó críticas aún mayores.
A fines de abril, la administración anunció que establecería centros regionales de procesamiento en varios países de América Latina con el fin de aliviar la “oleada en la frontera” que anticipa una vez que expire el Título 42.
Se trata entre otros de Guatemala y Colombia, donde organizaciones internacionales, de común acuerdo con la administración Biden, ayudarán a procesar a los solicitantes de asilo. A aquellos elegibles para la solicitud de asilo se les ofrecerá un paso seguro a Estados Unidos.
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