En la mira Internacional el México incluyente y garante de Derechos Humanos.

Por: Luis Manuel DE LA TEJA

Elevar el capital humano en México son las propuestas presentadas en la Secretaria de Gobernación, (SEGOB) tanto del México incluyente presentada por el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez Hernández como la propuesta de armonización y homologación del ordenamiento constitución a nivel local apegado a derecho internacional; ambas representan uno de los mayores retos de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, tanto para mejorar la reputación de México en el Exterior como para equiparar sus niveles de aprobación que tiene entre los líderes de opinión nacionales e internacionales de la encuestadora Mitofsky, que califican con 78% de aprobación el trabajo del mandatario por sus propuestas de reformas, en contraste del 50% de la ciudadanía que espera de la gestión de cuatro meses se traduzca en resultados palpables, como es el México incluyente, el cual tiene como objetivo formalizar la creación de gabinetes especializados, para cerrar la brecha de la desigualdad entre los mexicanos y fomentar con políticas públicas la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

La seguridad y la libertad son condiciones para evaluar el Estado de Derecho de un país. En materia de seguridad, la gestión del Presidente Peña, plantea un desafió al Estado Mexicano toda vez que como lo revela Human Rights Watch (HRW), en su informe “desapariciones forzadas”, se subraya la corresponsabilidad de los gobiernos locales en aquellas en las que tuvieron participación agentes estatales.

El Estado de Derecho gravita, en orden al ciudadano, sobre dos categorías indisociables: la seguridad y la libertad, de los cuales conforman, sin equívocos, el balance ético y jurídico-político del Estado de Derecho. Sin ellos – los Derechos Humanos naufragan- y la ciudadanía vive una crisis.

En materia de Justicia México está en la mira Internacional, la denuncia del Human Rights Watch es consternante, se refiere al examen del Sistema Civil de Justicia Criminal o Criminal Justice System de México. El Informe señala que el sistema falla en garantizar la justicia a las víctimas de crímenes violentos o en el caso de las violaciones de los Derechos Humanos. Las causas de estos fallos, dice el Informe a la letra, son varios e incluyen la corrupción, el inadecuado empleo de los recursos y prácticas abusivas. Advierte además que los defensores de los Derechos Humanos sufren “hostigamientos y ataques”.

En cuanto a los emigrantes desde 2010, el Informe del Human Rights Watch ratifica el Informe de Amnistía Internacional, Víctimas Invisibles. Migrantes en Movimiento en México, señalando que los centroamericanos que cruzan México camino de Estados Unidos sufren atropellos y abusos muy graves.

A diferencia del gobierno anterior, la actual administración no niega la realidad ni elude la responsabilidad de reestructurar el andamiaje institucional, para lo cual aprobó la Ley de Victimas, la de Amparo recogiendo las recomendaciones de la OCDE que en otra etapa de la historia de México, la Ley de Amparo ha sido utilizada por los representantes de los más grandes negocios de México para desvirtuar la significación de las leyes. Lo vuelve a repetir en su Informe “Agenda Estratégica para las Reformas de México”, “Getting it Right 2012”.

A la par de la aplicación de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, México está en la mira de los organismos multilaterales y de las evaluaciones y mediciones comparativas de estándares internacionales en materia de justicia. Revelador es el Informe “World Economic Forum 2012-1013”, la Confianza Pública en los Políticos en México –Public Trust in Politicians- coloca a nuestro país en el lugar 97; la Independencia Judicial, la base jurídica del Estado de Derecho, recibe, en ese Informe, la posición 88 del mundo; en la Eficiencia de la Estructura Legal, país 100; Costo del Crimen y la Violencia, país 117; Crimen Organizado, país 139, la eficiencia de la Estructura Legal para la Solución de Disputas, país 100; en la Fiabilidad de los Servicios Policíacos, país 134; en Costos del Crimen y la Violencia para los Negocios, país 135; en la Confianza Pública en los Políticos, país 97 y en la Calidad del Sistema Educativo, lugar 100, pero se desciende, aún, al puesto 124 en Matemáticas y Ciencias de la Educación

La violencia de género es una prueba fehaciente de que la educación en derechos humanos debe ser una cuestión educativa el INEGI, en el Día Nacional de la Familia, público un informe de la violencia intrafamiliar, reveló que: “De los 27.9 hogares familias, las mujeres de 15 años y más que forman parte de los hogares familias, 3 de cada 10 han sufrido un episodio de violencia por parte de su pareja en los 12 meses previos a la Encuesta. La de tipo emocional se reportó como la más frecuente, pues 85% de estas mujeres declaró haber sufrido este tipo de agresión, el 57.5% violencia económica y física el 14.7%”.

El acierto de la actual administración en el diseño de una política pública que atiende las causas de la violencia estructural que padece México. La principal acaso, es la desigualdad. De acuerdo con el documento de INEGI el 5.4% de la población estaba desempleada, el 7.6% subocupada. Ello permite hablar, en serio, de un 13% de fragilidad social. Si añadimos, a esa cifra, la del 27.9% de la población en el Sector Informal nos encontramos con el 40.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) al margen de la seguridad.

La igualdad ante la ley, es imperativo para resarcir el Estado de Derecho de cero tolerancia para la impunidad.

De la administración actual se esperan nuevos marcos reguladores; como el de las marchas realizadas por los maestros son una señal inequívoca que quién viola la Ley es el que manda. México no puede inculcar su propio Estado de Derecho, y deberá regular tanto la libre manifestación de las ideas como la aparición en varias entidades la Formación de las milicias de autodefensa que, al margen de su imperiosa necesidad personal de defenderse.

En México, contamos con escasa literatura sobre los Derechos y la Justicia como patrimonio colectivo. Es imperiosa una Ética del Derecho, indisociable de la igualdad ante la ley. La prioridad del gobierno Mexicano es la correcta apostar a la educación y prevención para configurar nuevo modos convivencial de la sociedad mexicana que se refleje en su cultura.

En el análisis de la violencia, añade, tomando a Malinowski y Mead, ambos antropólogos como ejemplo. Señala “que ciertos pueblos glorifican la agresividad mientras que, a otros les horroriza”. En el libro de “México y sus revoluciones”, revela el Dr. José María Luis Mora, nos dice, a la letra, “que desde la Declaración de Independencia hasta 1846 México sufrió un total de 237 revoluciones que, si bien en su duración e importancia fueron muy distintas, en su curso y objetivos eran muy semejantes”.

El reto es mayúsculo, la apuesta es la correcta; el camino está fijado; ahora hay que recorrerlo. La inclusión la participación de la sociedad es la ruta, por la que el Gobierno de la República “está dispuesta a plantear y ejecutar programas y políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de todas las comunidades en el territorio nacional.