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Estados Unidos deporta a general salvadoreño vinculado con asesinatos y tortura
Defensores de derechos humanos y familiares de víctimas están celebrando algunas victorias en largas campañas para deportar a generales salvadoreños acusados de atrocidades apoyadas por Estados Unidos. El miércoles, el ex general Carlos Eugenio Vides Casanova fue deportado a El Salvador desde Estados Unidos, poniendo fin a una batalla legal de dieciséis años. En un fallo emitido el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones de Inmigración concluyó que hay pruebas suficientes de que el general Vides fue cómplice de la violación y el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en 1980, así como de la tortura de prisioneros políticos.
Es el primer líder militar extranjero de alto rango en ser deportado en virtud de una ley de 2004 aprobada con el fin de prohibir a quienes violan los derechos humanos pisar suelo estadounidense. Vides fue un aliado cercano del gobierno de Estados Unidos durante su mandato como ministro de Defensa de la Junta salvadoreña, de 1983 a 1989. Las familias de las mujeres asesinadas han intentado durante años responsabilizar de las muertes al general Vides y a otros funcionarios salvadoreños que contaban con el apoyo de Estados Unidos.
El general salvadoreño está vinculado al periodo negro de la guerra sucia en El Salvador y al asesinato de jesuitas en 1989
La deportación de Vides se produce al tiempo que el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para deportar a otro general salvadoreño buscado en España. Una investigación de la ONU identificó a Inocente Orlando Montano como uno de los altos funcionarios militares que aprobó el complot de asesinato que terminó en el homicidio de seis curas jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta en 1989.
Los jesuitas eran defensores manifiestos de los pobres y críticos de los abusos a los derechos humanos perpetrados por el gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Montano vivió en Boston durante aproximadamente una década antes de su arresto en 2011. Fue condenado en 2013 por cargos de fraude migratorio por mentir sobre sus antecedentes. Los fiscales sostienen que se fue a vivir a Estados Unidos en parte para evitar comparecer ante la justicia por el asesinato de los jesuitas. Es parte de un grupo de veinte funcionarios salvadoreños que fueron acusados por un tribunal español.
Fuente: Democracy Now!
Foto: Internet
