Bajo la autoridad de la Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés), FEMA estableció un acuerdo voluntario para mejorar la coordinación y cooperación con el sector privado a fin de proporcionar recursos médicos y de salud críticos para responder al COVID-19 y futuras pandemias.

Este acuerdo estará en vigor durante los próximos cinco años y puede incluir fabricantes, distribuidores y otros representantes de la industria.

Con este acuerdo voluntario, los departamentos y agencias federales pueden entrar en los planes de acción para participar en el intercambio de información y la coordinación dentro de las redes de cadenas de suministro específicas del sector. También permitirá al gobierno federal planificar actividades de respuesta con colaboradores del sector privado y adquirir y utilizar datos en tiempo real para tomar decisiones importantes. A los participantes del acuerdo se les concede una exención de las leyes antimonopolio por acciones específicas tomadas bajo un plan de acción.

En mayo, FEMA celebró una reunión pública con representantes del sector privado para pedir comentarios sobre el acuerdo. Fue revisado y aprobado por el Departamento de Justicia, en consulta con la Comisión Federal de Comercio.

  • Basado en los comentarios de las partes interesadas, FEMA adoptó una estructura de dos partes para el acuerdo voluntario.
  • El acuerdo permite a FEMA formar el Comité para la Distribución de Recursos Médicos Necesarios para Responder a una Pandemia. Además de FEMA y otros colaboradores federales, el Comité incluirá a representantes de las partes interesadas involucradas con la distribución o fabricación de recursos médicos críticos.
  • Basado en las necesidades de respuesta, el Comité puede formar subcomités para ejecutar planes de acción específicos dirigidos a artículos médicos o dificultades identificadas particulares.

Como lo requiere la DPA, FEMA solicitó y recibió la determinación del Fiscal General, en consulta con la Comisión Federal de Comercio, de que el acuerdo era necesario y estaba adecuadamente limitado en su impacto anticompetitivo.

El presidente Trump invocó por primera vez la DPA en respuesta al COVID-19 en la Orden Ejecutiva 13909 del 18 de marzo y delegó autoridad adicional al Departamento de Seguridad Nacional en la Orden Ejecutiva 13911.

El Título I de la Ley DPA permite al gobierno federal asignar prioridad a los contratos y pedidos cuando sea necesario para la defensa nacional y asignar recursos escasos en el mercado. La autoridad de calificación del Título I de la DPA permite que los pedidos calificados por el gobierno tengan prioridad en su cumplimiento. El Título I ha sido implementado en los últimos meses por FEMA para asegurar mascarillas N95 de 3M y por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en varios contratos para proveer equipos de protección personal y respiradores.

El Título III de la DPA permite al gobierno federal otorgar préstamos, garantizar préstamos y tomar otras acciones para aumentar o proteger materiales y servicios esenciales para la defensa nacional. La Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) asignó $1,000 millones de dólares para proyectos del Título III relacionados con el COVID-19. Los fondos del Título III son administrados por el Departamento de Defensa.

La autoridad para el acuerdo voluntario se encuentra en el Título VII de la DPA. Para obtener más información sobre estas autoridades, visite la página web de Autoridad de la Ley de Producción de Defensa (en inglés)

Las empresas y organizaciones que deseen participar en este acuerdo pueden enviar un correo electrónico a FEMA-DPA@fema.dhs.gov.