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Las medidas migratorias tomadas por Barack Obama llegan a discutirse en el máximo Tribunal de los Estados Unidos

La Corte Suprema de los Estados Unidos empieza a analizar hoy lunes 18 de abril la demanda contra las acciones ejecutivas en materia de inmigración anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014, dirigidas a regularizar el estatus migratorio de alrededor de cinco millones de personas.

Dichas medidas, entre las que destacan los programas migratorios DACA y DAPA, aprobadas por Obama mediante decreto presidencial, quedaron paralizadas por la Corte de los E.U. y no entraron en vigor. Los miembros de la Corte Suprema habrán de dar su veredicto en una sentencia que se tiene previsto podría extenderse hasta el mes de junio. La demanda fue firmada por 26 estados encabezados por Texas.

La demanda alega que el residente Obama se excedió en sus atribuciones al regular por su cuenta en materia migratoria. El ejecutivo dice por  su parte que las medidas fueron necesarias ante la inacción del Congreso en reformar las leyes migratorias pese a que el ejecutivo impulsó el debate y estuvo dispuesto a firmar una propuesta de ley que el Congreso hubiera puesto en su escritorio.

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Programas DAPA y DACA regularizarían a cinco millones de indocumentados

El dictamen del Supremo determinará si puede o no entrar en vigor la reforma impulsada por Obama en 2014 y que pretendía regularizar a casi cinco millones de indocumentados, otorgándoles un permiso de trabajo y residencia y cancelando cualquier orden de deportación sobre ellos si cumplían determinados requisitos.

La mayoría de ellos se beneficiarían a través del programa DAPA, creado para conceder el mismo permiso a los padres indocumentados de niños estadounidenses que demostrasen haber residido en Estados Unidos más de cinco años y carecieran de antecedentes penales.

En 2012, Obama respondió al bloqueo de la reforma migratoria con el programa DACA que cancelaba las deportaciones de los conocidos como ‘dreamers’, jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños. Se estima que más de un millón de estudiantes podían acogerse a la medida, obtener un permiso de trabajo y residencia durante dos años -ampliado a tres posteriormente, con opción de renovarlo. Sólo podían acceder los indocumentados que entraron a Estados Unidos con menos de 16 años, antes del 1 de enero de 2010 y tuvieran menos de 30 años al solicitarlo.

A pesar de que la demanda fue planteada contra la reforma que implementó el programa DAPA, en 2014 también se ampliaron las condiciones para la regulación de 2012. La querella que estudia el Supremo afecta a esa ampliación, no al programa original, por lo que se pueden seguir presentando solicitudes.

La Casa Blanca asegura que si se impide que la reforma entre en vigor, la sentencia tendrá “un impacto humanitario irreparable” en las vidas de más de cuatro millones de inmigrantes y sus familias.

Fuente: Democracy Now!, La Jornada, El País, bbc, pbs, Et. Alius

Foto: freedomworks.org