Una corte de apelaciones ratificó el lunes el fallo que impide a la policía en Arizona aplicar una disposición poco conocida de ley de inmigración decretada en 2010 que prohíbe a personas obstruir el tránsito cuando buscan u ofrecen mano de obra en las calles.
La decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito asestó un revés a la gobernadora Jan Brewer, que había solicitado a esta instancia revocar la decisión de una jueza que en febrero de 2012 rechazó los argumentos de que era necesario normar el trabajo de los jornaleros para el bien de la seguridad vial.
Los grupos que impugnaron la ley argumentaron que la disposición sobre los jornaleros suponía una restricción inconstitucional a la libertad de expresión de las personas que desean manifestar su necesidad de conseguir trabajo.
«Arizona también señaló que el solicitar trabajo como jornalero debería tener una sanción severa, aunque no pidió castigo a otro tipo de ofrecimientos verbales que obstruyan el tránsito», escribió el panel de apelaciones.
Para la corte de apelaciones, la jueza federal Susan Bolton había decidido correctamente que la disposición sobre los jornaleros incumplía el requisito de que las restricciones a la publicidad comercial no deben superar lo necesario para cubrir el interés del estado en fomentar la seguridad vial.
La corte también determinó que la sanción del estado por violar las normas de los jornaleros es más severa comparada con los castigos por violaciones a las normas de tránsito similares. Por ejemplo, si una corte determina que una persona interfirió a propósito con las normas de tránsito enfrenta una sentencia de 30 días, mientras que una infracción a la ley de jornaleros es penada hasta con seis meses de cárcel.
Dan Pochoda, director legal de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles en Arizona, uno de los grupos que apeló la ley contra los que ofrecen mano de obra en las calles, dijo que Arizona ya tiene muchas facultades para encargarse de sus agobios de tránsito. «Ya hay normas dirigidas a ese problema y no hay pruebas de que no sean adecuadas», indicó.
