Uno de los integrantes del Grupo de los Ocho de la Cámara de Representantes que redacta en secreto un anteproyecto de reforma migratoria, renunció el miércoles por desacuerdos entre demócratas y republicanos.
El congresista Raúl Labrador (republicano de Idaho), se opuso a un acuerdo tentativo alcanzado en la víspera para dirimir si los indocumentados que califiquen para la ciudadanía tengan o no atención médica.
Labrador dijo en una nota de prensa que decidió abandonar el Grupo de los Ocho que negocia un proyecto de ley de reforma migratoria al no poder resolver satisfactoriamente el tema de si los inmigrantes sin papeles serán responsables de sus costos médicos.
Hasta hace poco el Grupo tenía un principio de acuerdo de que los inmigrantes sin papeles serían responsables de sus propios costos de atención de salud, pero durante el debate del miércoles hubo desacuerdos en el lenguaje y ello motivó la renuncia y no continuar con las negociaciones, indicó.
Seguirá por su cuenta
Labrador dijo además que tenía «un gran respeto por los miembros del grupo bipartidista que han trabajado conmigo para arreglar nuestro sistema roto de inmigración», pero que tras la reunión del miércoles no apoya lo acordado por el resto de la instancia que escribe el anteproyecto.
Agregó que pese al abandono, seguirá trabajando para reparar el sistema de inmigración vigente.
El tema del beneficio de salud ocupa la atención del Grupo de los Ocho desde hace varias semanas. La traba del miércoles radicó en que los republicanos exigen que los indocumentados que califiquen para el camino a la ciudadanía no puedan acceder a ningún tipo de asistencia sanitaria por lo menos durante 15 años. Los demócratas no aceptan este requisito.
Un colaborador, que habló bajo la condición de anonimato, dijo que el grupo continuará sus tareas sin Labrador, reportó The Associated Press.
El Grupo de los Siete
El plan de reforma migratoria que redacta el grupo bipartidista de la Cámara (ahora integrado por cuatro demócratas y tres republicanos) entregaría en junio el plan, antes de la votación en el pleno del Senado de un anteproyecto que incluye una vía de legalización para millones de indocumentados.
Un acuerdo previo del Grupo de la Cámara obliga a los integrantes no revelar detalles del plan mientras está siendo redactado. La agencia Reuters dijo que el lenguaje del anteproyecto está siendo revisarlo línea por línea.
Una de las exigencias de Labrador es asegurar que los contribuyentes estadounidenses sean protegidos y no tengan que asumir los costos del sistema de salud cuando los sin papeles sean legalizados.
El plan del Senado
Mientras la reforma migratoria tropieza en la Cámara, en el Senado el también denominado Grupo de los Ocho continúa labores para alcanzar los 60 votos necesarios y aprobar un plan de reforma migratoria enviado en mayo por el Comité Judicial.
La iniciativa incluye una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados que, entre otros requisitos, están en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes criminales.
Quienes califiquen entrarán en un Estado Provisional de No Inmigrante (RPI) por espacio de 10 años al término de los cuales podrán pedir la residencia (green card) y luego de tres años gestionar la ciudadanía.
Los llamados Dreamers y trabajadores agrícolas esperarán menos tiempo.
Cuesta arriba
Pese al optimismo expresado por algunos integrantes del Grupo o Pandilla de los Ocho del Senado, republicanos de línea ultraconservadora alistan planes para endurecer medidas de seguridad fronteriza. La estrategia se dirige a socavar el esfuerzo bipartidista.
El miércoles, los senadores John Cornyn (Texas) y Rand Paul (Kentucky) anunciaron que enviarán al pleno varias propuestas de exigen mayor seguridad fronteriza antes de que los indocumentados puedan iniciar el proceso de legalizar sus permanencias.
Una de las medidas exige que el gobierno federal frene el 100% del cruce indocumentado en las fronteras. El plan del Senado indica que el gobierno debe certificar que tiene capacidad para detener el 90% del cruce indocumentado en las zonas de alto riesgo y 100% en el resto de la frontera antes de abrir el camino a la ciudadanía.
El debate en esa instancia arrancará el 10 de junio.
