El Gobierno de Michelle Bachelet decreta el estado de excepción en las regiones de Atacama y Antofagasta
Mientras los incendios forestales se mantienen activos en diferentes zonas del sur de Chile, atacando unas 5700 hectáreas de la reserva ecológica China Muerta, el norte del país enfrenta el mayor desastre de los últimos ochenta años a causa de la lluvia, con siete muertos y 19 desaparecidos. Antofagasta, Atacama y Coquimbo, tres regiones desérticas que hasta el lunes estaban afectadas de intensas sequías, han enfrentado en cosa de horas lluvias equivalentes a las de todo un año. Aluviones, desborde de ríos, corte de carreteras, derrumbe de puentes y apagones eléctricos han provocado desde este martes pasado una cantidad indeterminada de damnificados, que solamente con el paso de las horas las autoridades podrán cuantificar.
«Se está viviendo una situación sumamente difícil», señaló la noche del miércoles la Jefa de Estado Michelle Bachelet, que viajó a la región más afectada, la de Atacama, para liderar una reunión con las autoridades locales. «El Gobierno está haciendo todo lo humanamente posible», indicó Bachelet.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ha confirmado la muerte de siete personas y la desaparición de otras 19. De acuerdo al informe oficial, aunque la emergencia es compleja en toda la zona, existen tres localidades de Atacama donde la situación es especialmente crítica: Alto del Carmen, Tierra Amarilla y Diego de Almagro, que se encuentran sin conectividad terrestre. Las autoridades locales han realizado relatos dramáticos a través de los medios de comunicación. «La situación es caótica», ha señalado el comandante de bomberos de Taltal, Manuel Palacios, donde se produjo un nuevo alud.
El subsecretario Aleuy ha indicado que existen 614 albergados en la región de Antofagasta y unos 1500 en Atacama y aún no existe una cuantificación total de damnificados. El Gobierno y las autoridades locales se centran en esta etapa en atender las emergencias de la población, como salvar vidas y proporcionar alimentos a la población afectada, mientras los pronósticos meteorológicos indicaron que las lluvias bajarían de intensidad desde ayer jueves.
El Ejecutivo ha declarado el estado de excepción constitucional y cerca de 2400 efectivos de distintas áreas están trabajando en las regiones afectadas. «Llamamos a que no exista especulación en el precio de los alimentos y en particular del agua. En situaciones como esta hay que hacer un esfuerzo para no aprovecharse de la necesidad de las personas», indicó el subsecretario del Interior.
